Gobernar el clima: políticas públicas como motor de adaptación y justicia ambiental en Honduras

Sin marcos políticos sólidos, la acción climática se diluye. Honduras necesita gobernanza climática participativa, coherente y con enfoque de derechos.

Políticas y Gobernanza

Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo. Años de eventos extremos, pérdida de biodiversidad, desplazamientos forzados y crisis alimentarias han puesto a prueba su resiliencia. En este escenario, la política pública no puede seguir siendo reactiva ni fragmentada. La gobernanza climática debe convertirse en el eje central del desarrollo nacional.

¿Qué implica una buena gobernanza climática? En primer lugar, implica contar con políticas públicas claras, coherentes y basadas en evidencia científica. Planes nacionales, leyes de cambio climático, estrategias sectoriales y presupuestos deben estar alineados, evitando contradicciones entre áreas como energía, agricultura, ambiente y obras públicas.

La participación ciudadana es otro pilar fundamental. No se puede hablar de políticas climáticas sin la voz de quienes enfrentan a diario sus impactos: campesinos, mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, comunidades urbanas marginales. Incluirlos en la toma de decisiones es una cuestión de justicia y eficacia.

En los últimos años, Honduras ha avanzado con la creación del Plan Nacional de Cambio Climático, y ha presentado sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) en el marco del Acuerdo de París. Sin embargo, muchos de estos compromisos aún enfrentan barreras para su implementación efectiva: financiamiento insuficiente, baja institucionalidad ambiental, y falta de articulación entre niveles de gobierno.

Para que las políticas climáticas no queden en el papel, es necesario fortalecer las capacidades locales. Los gobiernos municipales deben contar con herramientas técnicas, recursos financieros y acompañamiento para planificar, ejecutar y monitorear acciones de adaptación y mitigación.

La descentralización climática es una estrategia poderosa. Cuando las decisiones se toman cerca del territorio, se ajustan mejor a las realidades locales. Esto implica formar redes locales de gestión climática, promover ordenanzas municipales verdes y generar presupuestos participativos ambientales.

Otro aspecto clave es el acceso a la información climática. Si la población no conoce sus riesgos, no puede protegerse ni exigir soluciones. Aquí entran en juego la educación, los observatorios ciudadanos, las plataformas digitales y los medios de comunicación.

La justicia ambiental también debe estar en el centro de la gobernanza climática. Quienes menos contribuyeron a la crisis —como los pueblos indígenas y las comunidades rurales pobres— son quienes más sufren sus efectos. Las políticas públicas deben reparar esa desigualdad, garantizando acceso a recursos, protección de territorios y mecanismos de denuncia frente a conflictos socioambientales.

La cooperación internacional puede jugar un rol de apoyo, pero el liderazgo debe ser local. Honduras necesita construir una visión climática de país, con metas de largo plazo, monitoreo transparente y voluntad política real.

En definitiva, gobernar el clima es gobernar la vida. Es asumir que el futuro se decide hoy, con cada decisión que se toma en un municipio, en un ministerio o en una comunidad. Una gobernanza climática sólida, inclusiva y transformadora es la base para una Honduras más justa, segura y sostenible.